Los mexicanos somos muy religiosos, pero también muy anticlericales. Y aunque suene contradictorio, en realidad dicha actitud refleja el legado juarista en la mayoría de la población. Tanto por razones históricas, como por el peso de la educación laica o por cuestiones tan actuales como el reconocimiento de los abusos de algunos miembros del clero, a la gran mayoría de los mexicanos no nos gusta que la religión y la política se mezclen o que los ministros de culto estén involucrados en asuntos de política electoral o partidista. De esa manera se manifiesta el sentido común de los mexicanos, ligado a la herencia juarista.
No obstante, de forma paradójica, en época reciente la laicidad del Estado mexicano está siendo puesta a prueba. Curiosamente no por la tradicional derecha conservadora, influida por una visión integralista, intransigente y antiliberal del episcopado católico, sino por políticos provenientes del centro y la izquierda. Hace unas semanas fue la presidenta de la Cámara de Diputados quien, en un arranque de ultraliberalismo, sugirió que sería bueno que los ministros de culto pudiesen ser votados para que así asumieran sus responsabilidades y los costos políticos que ello acarrearía. Pocos días después, y pese al rechazo notorio de buena parte de la clase política y de la opinión pública del país, el líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, de manera sorpresiva y para asombro de muchos, hizo una propuesta similar. Protagonismo, confusión ideológica, juego político o preludios de acuerdos de cúpula contra los propios creyentes y ciudadanos, el solo hecho de que tan prominentes legisladores lo propusieran fue inquietante para muchos. Porque aunque la izquierda mexicana tiene más bien una tradición laicista e incluso anticlerical, no ha sido ajena, por ignorancia y oportunismo, a vaivenes y deslices pragmáticos que en la práctica han minado la laicidad del Estado mexicano. Compromisos políticos, falta de comprensión de las enseñanzas de nuestra historia, pero sobre todo una enorme incapacidad para entender los efectos nocivos que en materia de libertades y derechos ciudadanos tiene la alianza del Estado con las instituciones religiosas, ha llevado a más de algún político a querer congraciarse con el poder clerical. Estos deslices y vaivenes son parte de la historia del PRI cuando fue gobierno y Estado al mismo tiempo. Y si bien nadie duda que dicho partido fue heredero de una revolución de corte anticlerical, pero al mismo tiempo laicista y constructora de un régimen que garantizó libertades a los mexicanos, también es cierto que su larga historia está llena de compromisos y debilidades ideológicas que comprometieron en más de una ocasión dichas libertades. No es totalmente extraño, en ese sentido, que los personajes políticos aludidos se hayan expresado, por razones diversas, en el mismo sentido. Lo cual no quiere decir que estén interpretando correctamente lo que los propios creyentes y ciudadanos mexicanos desean en materia de política hacia las religiones.
Por fortuna existen las encuestas, las cuales reflejan muy bien y de manera consistente desde hace muchos años que los mexicanos no estarían de acuerdo con las propuestas hechas por los mencionados dirigentes políticos. De esa manera, una encuesta realizada por Excélsior y BGC Ulises Beltrán y Asociados, levantada los pasados días 10 y 11 de marzo, confirmó lo que los especialistas sabemos desde hace mucho tiempo y que no ha variado en los últimos años: “Persiste en México un fuerte rechazo a la participación política de los ministros de culto, basado en un arraigado laicismo y una gran desconfianza en las intenciones de la Iglesia católica cuando promueve reformas para cambiar el estatus actual de su papel en el Estado”. Los resultados de esta encuesta son clarísimos: 82 por ciento de los entrevistados está en desacuerdo con que los sacerdotes o ministros de cualquier culto puedan ser postulados como candidatos a cualquier puesto de elección popular como presidente municipal, gobernador, legislador o Presidente de la República, mientras que solamente 16 por ciento estaría de acuerdo con esa idea.
Por lo demás, las respuestas son consistentes: 85 por ciento está en desacuerdo con el hecho de que los sacerdotes puedan usar sus actos religiosos para tratar asuntos políticos y electorales, 83 por ciento está de acuerdo en que en México los asuntos del Estado estén separados de los asuntos religiosos, 73 por ciento no está de acuerdo en que los sacerdotes puedan en sus sermones dar su puntos de vista sobre temas políticos y de crítica al gobierno, y a ese mismo porcentaje le parece mal que la Iglesia participe en política, 67 por ciento está en desacuerdo en que las Iglesias puedan ser propietarias de canales de televisión, periódicos o estaciones de radio, 66 por ciento de los entrevistados tampoco está de acuerdo en que se permita a las Iglesias impartir sus doctrinas en las escuelas públicas y 59 por ciento está en desacuerdo en que la Iglesia Católica reciba del gobierno recursos para realizar sus actividades.
En pocas palabras, podríamos decir que es el triunfo de Juárez en plena Semana Santa mexicana del siglo XXI.
No obstante, de forma paradójica, en época reciente la laicidad del Estado mexicano está siendo puesta a prueba. Curiosamente no por la tradicional derecha conservadora, influida por una visión integralista, intransigente y antiliberal del episcopado católico, sino por políticos provenientes del centro y la izquierda. Hace unas semanas fue la presidenta de la Cámara de Diputados quien, en un arranque de ultraliberalismo, sugirió que sería bueno que los ministros de culto pudiesen ser votados para que así asumieran sus responsabilidades y los costos políticos que ello acarrearía. Pocos días después, y pese al rechazo notorio de buena parte de la clase política y de la opinión pública del país, el líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, de manera sorpresiva y para asombro de muchos, hizo una propuesta similar. Protagonismo, confusión ideológica, juego político o preludios de acuerdos de cúpula contra los propios creyentes y ciudadanos, el solo hecho de que tan prominentes legisladores lo propusieran fue inquietante para muchos. Porque aunque la izquierda mexicana tiene más bien una tradición laicista e incluso anticlerical, no ha sido ajena, por ignorancia y oportunismo, a vaivenes y deslices pragmáticos que en la práctica han minado la laicidad del Estado mexicano. Compromisos políticos, falta de comprensión de las enseñanzas de nuestra historia, pero sobre todo una enorme incapacidad para entender los efectos nocivos que en materia de libertades y derechos ciudadanos tiene la alianza del Estado con las instituciones religiosas, ha llevado a más de algún político a querer congraciarse con el poder clerical. Estos deslices y vaivenes son parte de la historia del PRI cuando fue gobierno y Estado al mismo tiempo. Y si bien nadie duda que dicho partido fue heredero de una revolución de corte anticlerical, pero al mismo tiempo laicista y constructora de un régimen que garantizó libertades a los mexicanos, también es cierto que su larga historia está llena de compromisos y debilidades ideológicas que comprometieron en más de una ocasión dichas libertades. No es totalmente extraño, en ese sentido, que los personajes políticos aludidos se hayan expresado, por razones diversas, en el mismo sentido. Lo cual no quiere decir que estén interpretando correctamente lo que los propios creyentes y ciudadanos mexicanos desean en materia de política hacia las religiones.
Por fortuna existen las encuestas, las cuales reflejan muy bien y de manera consistente desde hace muchos años que los mexicanos no estarían de acuerdo con las propuestas hechas por los mencionados dirigentes políticos. De esa manera, una encuesta realizada por Excélsior y BGC Ulises Beltrán y Asociados, levantada los pasados días 10 y 11 de marzo, confirmó lo que los especialistas sabemos desde hace mucho tiempo y que no ha variado en los últimos años: “Persiste en México un fuerte rechazo a la participación política de los ministros de culto, basado en un arraigado laicismo y una gran desconfianza en las intenciones de la Iglesia católica cuando promueve reformas para cambiar el estatus actual de su papel en el Estado”. Los resultados de esta encuesta son clarísimos: 82 por ciento de los entrevistados está en desacuerdo con que los sacerdotes o ministros de cualquier culto puedan ser postulados como candidatos a cualquier puesto de elección popular como presidente municipal, gobernador, legislador o Presidente de la República, mientras que solamente 16 por ciento estaría de acuerdo con esa idea.
Por lo demás, las respuestas son consistentes: 85 por ciento está en desacuerdo con el hecho de que los sacerdotes puedan usar sus actos religiosos para tratar asuntos políticos y electorales, 83 por ciento está de acuerdo en que en México los asuntos del Estado estén separados de los asuntos religiosos, 73 por ciento no está de acuerdo en que los sacerdotes puedan en sus sermones dar su puntos de vista sobre temas políticos y de crítica al gobierno, y a ese mismo porcentaje le parece mal que la Iglesia participe en política, 67 por ciento está en desacuerdo en que las Iglesias puedan ser propietarias de canales de televisión, periódicos o estaciones de radio, 66 por ciento de los entrevistados tampoco está de acuerdo en que se permita a las Iglesias impartir sus doctrinas en las escuelas públicas y 59 por ciento está en desacuerdo en que la Iglesia Católica reciba del gobierno recursos para realizar sus actividades.
En pocas palabras, podríamos decir que es el triunfo de Juárez en plena Semana Santa mexicana del siglo XXI.
