Alejandro Martí
Las inaceptables desapariciones forzadas y crímenes que se sucedieron en Iguala, el terror e indignación que propicia el descubrimiento de innumerables fosas clandestinas llenas de cadáveres no identificados que incrementan las estadísticas nacionales sobre criminalidad y delitos de alto impacto, suscitando el descrédito internacional sobre nuestras instituciones de seguridad pública y gobierno, nos hacen recordar, guardadas las debidas distancias, la ola de criminalidad y violencia que vivió Ciudad Juárez entre 2007 y 2010, y que la llevaron a ser calificada como la ciudad más peligrosa del mundo.
Por supuesto, no trataré de centrar mi reflexión en la identificación de los paralelismos existentes; baste con señalar lo que salta a primera vista: tanto en la crisis de Ciudad Juárez y la que se vive hoy día en Iguala, el factor que las detonó fue y ha sido la lucha entre cárteles por el control de los corredores del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, la complicidad de los cuerpos policiacos y autoridades gubernamentales con los grupos delincuenciales, la opacidad con que opera, aún, nuestro sistema de justicia penal, las fallas de coordinación existentes en la aplicación de la estrategia de seguridad y los altos índices de impunidad que prevalecen para juzgar a la delincuencia, derivados muchas veces de la falta de denuncia de las víctimas pero, también, de la desconfianza de éstas en las autoridades, según nos dejó ver la ENVIPE 2014.
La situación es preocupante, no sólo por lo ocurrido en Iguala, sino también por lo que se vive todos los días en lugares como Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Morelos y el Estado de México. Ante ello, ¿qué puede hacer la sociedad? Yo estoy convencido de que no podemos quedarnos paralizados por el miedo, la incredulidad y el pesimismo, esperando que las cosas cambien por sí solas. Tampoco podemos quedarnos en la queja, exigiendo que sea únicamente el gobierno y las instituciones quienes vengan a resolver nuestros problemas. Todos tenemos algo que aportar a la solución.
El caso de Ciudad Juárez ofrece una veta a explorar para recuperar las experiencias exitosas que, nacidas desde la sociedad civil, contribuyeron a enfrentar la crisis de violencia e inseguridad y detonaron el cambio institucional que logró disminuir, en un plazo relativamente corto, los altos índices de violencia y criminalidad, a fortalecer la vida institucional en el municipio y en la entidad, así como a afianzar los cambios derivados de la reforma a los sistemas de justicia penal, de seguridad pública y penitenciario que colocan a Chihuahua, dentro del escenario nacional, como una de las entidades más avanzadas en la materia, debido a los logros cosechados hasta el momento. ¿De dónde nace este impulso virtuoso? Sin duda alguna, de la voluntad de muchas personas pero, también, de la creación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.
La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez
2007 marca el inicio de una ola de violencia sin igual en Ciudad Juárez que se prolongó hasta el 2010, derivada de las múltiples ejecuciones criminales que se suscitaron a partir de la lucha por el control de la entidad entre cárteles de la droga, del elevado número de secuestros, feminicidios, extorsiones, cobros de piso, robo de autos, a casas-habitación y negocios; en un ambiente de marcada impunidad que afectó profundamente el desarrollo de la vida social e institucional dentro de esta ciudad fronteriza. Las consecuencias, como ocurre en estos casos, generaron una situación de temor colectivo que puso coto al ejercicio de las libertades ciudadanas, ahuyentó a la gente de las calles, provocó el cierre de negocios, el incremento desmedido del desempleo, pérdidas económicas abrumadoras y, lo peor, el éxodo forzado de un número importante de juarenses hacia los Estados Unidos y otras entidades del país.
Del miedo ante la inseguridad y la violencia, nació la inconformidad ciudadana y el hartazgo de las víctimas ante la falta de respuestas concretas de las autoridades municipales y estatales para enfrentar y resolver las afectaciones que les provocaba la delincuencia (común y organizada). Es en medio de esta situación que un grupo de ciudadanos inició reuniones colectivas en busca de soluciones al problema y demandar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones contundentes y comprometidas para detener la ola de violencia y restaurar el orden social en Ciudad Juárez. Situación que se tradujo en protestas mediante marchas ciudadanas y que se mantuvieron latentes hasta hacer crisis en febrero de 2010.
El asesinato a mansalva de 14 jóvenes estudiantes del plantel 9 del Colegio de Bachilleres y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CEBETIS), la madrugada del 30 de enero del año señalado, en la colonia Villas de Salvárcar, y la asociación de los hechos por el gobierno mexicano con un ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudistas, desencadenaron una ola de indignación y protesta social que obligó al Gobierno federal a trasladarse a Juárez para discutir la situación con familiares de las víctimas y representantes de la sociedad civil y discutir cambios a la estrategia de lucha contra el crimen, y que más tarde se tradujo en la implementación del programa Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad. Que con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad juarense, se propuso abordar la solución integral al problema, sobre la base de compromisos concretos en materia de economía, empleo, salud, educación, desarrollo social y seguridad pública.
De esta iniciativa y la participación de los ciudadanos, que habían mantenido la demanda de atender el fenómeno de la violencia y la inseguridad (entre quienes se encontraban el empresario Jorge Contreras Fornelli, el entonces Coordinador de los Defensores de Oficio, Jorge González Nicolás, quien hoy ostenta el cargo de Fiscal General en Chihuahua, el doctor Arturo Valenzuela, Jorge Contreras, Laurencio Barraza, Teresa y Hugo Almada, Gustavo de la Rosa, César Ochoa, Alejandra de la Vega, Mario Dena, Ricardo Escobar, David Alamillo), nació el compromiso luchar por establecer el Estado de derecho a partir de sus compromiso social; propiciando la conformación del grupo denominado Ciudadanos sin Cargo Público, que en coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública e impartición y administración de justicia de los tres órdenes de gobierno, dieron origen a lo que se denominaría el Modelo Juárez de Participación Ciudadana en Materia de Seguridad y después Mesa de Seguridad y Justicia.
Como resultado de la acción coordinada entre ciudadanía y gobierno, a través de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, en un cuatro años se logró abatir el delito de secuestros en el municipio, al pasar de 90, en 2010, a cero, en julio del presente año; disminuir el índice de homicidios, de 3 mil 89 en 2010 a 259 en enero de 2014, así como disminuir la incidencia de extorciones, de 32 reportadas a 13, enero de 2013 al mismo mes de 2014. Desde luego, sin mencionar otros importantes logros y avances en el rediseño del sistema penitenciario, de justicia penal, dignificación de las policías y combate al crimen organizado.
Primer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia
Para cuando lean esta nota quienes me hacen el favor de seguirme, se estará cumpliendo el segundo día de actividades del Primer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, que se realiza en la fronteriza Ciudad Juárez.
Las Mesas de Seguridad y Justicia constituyen un modelo conceptual de trabajo promovido por la Fundación México SOS en diversas ciudades y entidades de la República mexicana, al amparo de la experiencia exitosa que significó la instauración del Modelo Juárez de Participación Ciudadana en Materia de Seguridad. Las Mesas están encaminadas a dar cumplimiento a los postulados que son la razón de ser de nuestra Fundación: luchar a favor de la seguridad pública, de la justicia y en contra de la impunidad.
En su despliegue operativo y de planeación, las Mesas constituyen un espacio de encuentro entre organizaciones vecinales, empresariales, de profesionistas, de derechos humanos, familiares de víctimas de la delincuencia, activistas sociales, líderes locales, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes populares, para integrar agendas de trabajo en común y dar seguimiento formal (mensual y/o trimestral) a las acciones que se hayan comprometido y acordado en reuniones formales de trabajo, encaminadas a fortalecer y consolidar la construcción de espacios integrales de seguridad pública y de justicia expedita a favor de la ciudadanía.
Bajo esta óptica, México SOS ha sido promotor activo en la integración de las Mesas de Seguridad y Justicia en 10 ciudades de la República, tales como: Tijuana, Baja California; Cancún, Quintana Roo; Puebla, Puebla; León, Guanajuato; Coatzacoalcos, Córdoba y Jalapa, Veracruz; Los Cabos y La Paz, Baja California Sur, Valle de Bravo, Estado de México; Morelia, Michoacán y en Villahermosa, Tabasco; corroborando, con los avances obtenidos dentro de cada una de estas entidades, que la eficacia de las políticas de seguridad pública a traviesan por la participación activa y comprometida de la ciudadanía, en el diseño y ejecución de las acciones, planes y proyectos en la materia, y la acción transparente, responsable y eficaz de las autoridades competentes. Lo que constituye un esfuerzo esperanzador, encaminado a trazar una nueva ruta hacia la recuperación de la paz, la seguridad y la construcción de un orden social libre de violencia criminal.
La experiencia de México SOS constituye una prueba de que la energía transformadora de la sociedad es parte fundamental de la solución a nuestros problemas de inseguridad. Apostamos por una sociedad civil madura, responsable y participativa y gobiernos proactivos que, como en las Mesas de Seguridad y Justicia, hagan lo que siempre deberían de hacer: servir a la sociedad con interés y eficacia.
Fuente: México SOS.
