El último Barómetro Masónico realizado por la Gran Logia de España ya detectó que el 66% de los masones de nuestro país perciben regularmente expresiones de aversión como esta hacia su condición. El porcentaje es superior al que se da en el colectivo LGBT español.
¿Toleraría la sociedad española afirmaciones gratuitas de este tipo si el sujeto fuesen los judíos, los gitanos, los homosexuales, los sindicalistas...? El odio del 1% de la población hacia cualquiera de estos colectivos es inevitable. La indiferencia del 99% restante en el caso de la Masonería, preocupante como síntoma de enfermedad ética y moral.
En la historia del siglo XX, España es el país de Europa Occidental donde la Masonería ha sufrido la persecución más sistemática, prolongada y eficaz. Durante casi 40 años, la Institución fue la principal protagonista del discurso del odio oficial. Hoy, la indiferencia de nuestra sociedad abierta, tolerante y democrática hacia los ecos de ese discurso representa una de las últimas herencias del Franquismo.
La comprensión de que la violencia viene siempre precedida por el discurso del odio llevó en 1995 a tipificarlo como delito en el artículo 510 del Código Penal para perseguir a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Fuente: Gran Logia de España.
