Resulta trágico admitirlo, pero el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no es una situación novedosa si consideramos los elevados índices de violencia delictiva, social y política persistentes en la entidad desde hace décadas.
Por: Alejandro Martí
La agresión cometida contra un contingente de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado viernes 26 de septiembre, donde fueron asesinados tres jóvenes, detenidos y desaparecidos 43 más, sumado a lo que, de acuerdo con reportes periodísticos y declaraciones de algunos de los agresores detenidos, parece apuntar a la ejecución de 28 de los normalistas desaparecidos por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, pone en evidencia el grado de descomposición institucional y el déficit de gobernabilidad existente en el estado sureño de Guerrero.
Resulta trágico admitirlo, pero no es una situación novedosa si consideramos los elevados índices de violencia delictiva, social y política persistentes en la entidad desde hace décadas. La ya acostumbrada opacidad en el actuar de las autoridades de gobierno para atender las muy variadas demandas de la población, han degenerado en conflictos político-sociales, la falta de estrategias gubernamentales para enfrentar los rezagos que acusa el estado en materia educativa, de salud, laboral, de combate la pobreza y la ola de violencia que sacude a la entidad ha provocado que cuatro municipios de Guerrero (Acapulco, Iguala, Ixcateopan y Zihuatanejo) se encuentren entre los de mayor índice de violencia de nuestro país durante el último año, según datos de la Secretaría de Gobernación.
En el colmo del absurdo, el lunes pasado, el gobernador Ángel Heladio Aguirre, corroboraba que algunas agrupaciones de seguridad pública y presidencias municipales se encuentran infiltradas por la delincuencia organizada. Confirmaba que algunos ediles están a su servicio, dirigiendo sus operaciones y brindándoles protección, como ocurrió con el huidizo presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca, prófugo y acusado por el CISEN de pertenecer a Guerreros Unidos, uno de los cárteles que actúan en la entidad. Y en una maniobra mediática que parece ser una fuga hacia delante, solicitó al gobierno federal que se realice una investigación a los 81 presidentes municipales del estado, por tener sospecha fundada de que algunos de ellos mantienen vínculos con la delincuencia organizada. La receta de siempre: tapar el pozo una vez que se ha ahogado el niño.
La situación hace evidente la necesidad de instrumentar acciones concretas que devuelvan a la entidad a un estado de gobernabilidad que garantice la seguridad física y patrimonial de sus habitantes, que reviertan el grado de descomposición institucional y se establezcan las condiciones óptimas que se requieren para detonar políticas de desarrollo socioeconómico y abatir la crisis de inseguridad que se ha profundizado en el estado con los recientes acontecimientos.
Resultan sorprendentes las declaraciones vertidas por el mandatario estatal, de solicitar la intervención del Jefe del Ejecutivo Federal para investigar el comportamiento del total de los presidentes municipales en la entidad por sospechar que algunos de ellos tienen vínculos criminales e ignorar que el edil de Iguala los tenía. Pero el asunto se agrava cuando nos enteramos de las denuncias presentadas, desde meses atrás, por habitantes de algunas colonias del municipio de Iguala, sobre la existencia de fosas clandestinas precisamente en la zona donde fueron encontrados los cadáveres calcinados de quienes se supone son los normalistas de Ayotzinapa, donde la propia Procuraduría del estado encontró cuerpos en estado de descomposición y osamentas de presuntas víctimas de la delincuencia organizada. Dando cuenta con ello de que el grupo delincuencial Guerreros Unidos operaba en la entidad con total impunidad sin que las autoridades estatales emprendieran acciones contundentes para su detención y desarticulación.
La evidencia hace notoria la necesidad de aplicar medidas radicales pues la beligerancia del crimen organizado ha superado todas las fronteras al amenazar a las autoridades gubernamentales para que liberen a los 22 policías municipales implicados en la presunta ejecución de los jóvenes normalistas, bajo la advertencia de que si no se cumplen sus demandas delatarán a los políticos que los han protegido. En este juego de absurdos, ¿no habrá considerado el gobernador Aguirre la posibilidad de presentar su renuncia ante la total pérdida de credibilidad que le aqueja y la crisis de gobernabilidad en que ha sumido a Guerrero por su fallida actuación?
Esperamos que la llegada del contingente de la Gendarmería a Iguala cumpla con el cometido de recuperar la paz y seguridad en el municipio y disuadir la actividad criminal de los autonombrados Guerreros Unidos. Pero sobre todo, confiamos en que el consenso de las fuerzas políticas nacionales, las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad estatales y federales emprendan medidas contundentes para desterrar el cáncer de la inseguridad que carcome la vida social en algunas entidades del país.
